Cancela CAPAMA tomas clandestinas en zonas altas de Acapulco

*Las conexiones ilegales deterioran la red, generan fugas y reducen el abasto para usuarios con servicio regular

Acapulco, Gro., 15 de diciembre de 2025.- Como parte de las acciones permanentes para mejorar y regularizar el suministro de agua potable en Acapulco, CAPAMA canceló decenas de tomas clandestinas detectadas en colonias de las partes altas de la ciudad, donde las conexiones irregulares dañan la infraestructura hidráulica, propician fugas constantes y limitan la llegada del vital líquido a los hogares que cumplen con el pago del servicio.

Durante un recorrido de supervisión encabezado por el director general del organismo, Antonio Lorenzo Rojas Marcial, se identificaron múltiples mangueras conectadas de forma ilegal a una línea de agua potable. Estas derivaciones provocaron pérdidas constantes y disminución de presión en la tubería que abastece a las colonias Ampliación 05 de Mayo y PRI-Coloso, con afectaciones directas al tandeo y a la continuidad del servicio.

Las tomas clandestinas se localizaron en la zona alta del cerro, punto por donde cruza una línea principal que fue perforada para extraer agua sin autorización. Esta práctica impacta a las familias que sostienen el sistema con sus pagos mensuales y compromete la operación de la red, por lo que las conexiones irregulares quedaron canceladas de manera inmediata.

En la inspección también se detectó el uso de bombas para succionar agua directamente de las líneas, una acción que agrava la baja presión y altera la distribución programada.

Dichos equipos fueron desconectados y se informó a los responsables sobre el procedimiento para solicitar su contrato y contar con una conexión formal, conforme a la normatividad vigente, mientras el área jurídica dará seguimiento a las sanciones administrativas correspondientes.

CAPAMA recordó que la reciente aprobación de la nueva Ley de Aguas por el Senado de la República y la Cámara de Diputados endurece las sanciones por el robo de agua potable. La extracción irregular del recurso contempla ahora penalidades más severas, incluidas responsabilidades de carácter penal, para quienes vulneren la red pública y afecten el derecho al acceso equitativo del servicio.